• 31 DIC 18
    Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

    Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

    El pasado 19 de diciembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, que modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos (LAU).

    Esta reforma supone importantes cambios. Uno de ellos es la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler de tres a cinco años. Se amplía además la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.

    En el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica el plazo mínimo se fija en siete años de contrato obligatorio y tres de prórroga tácita.

    En los alquileres de vivienda, la vigente LAU limita la fianza a una mensualidad y las garantías adicionales a la fianza a dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración.

    Se excluye expresamente de la LAU el alquiler vacacional y se remite a la normativa sectorial turística que resulte aplicable.

    En cuanto a las medidas fiscales que favorecen al inquilino destacar que se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP) en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos, se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado y se fija un recargo del 50% de la cuota del IBI para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.

    Supone además la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a los procedimientos de desahucio, de manera que una vez que el juez ordena el desahucio del inquilino, los servicios sociales pueden interrumpir dicho desahucio en caso de que haya una situación de vulnerabilidad por parte del inquilino y hasta que se le busque una alternativa habitacional. El desahucio se interrumpirá por el plazo de un mes si el demandante es persona física y se paralizará por el plazo de dos meses si se trata de una persona jurídica.