• 27 ABR 20

    Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril

    El pasado día 23 de abril, entró en vigor el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril que aprueba entre otras, algunas medidas en relación con los arrendamientos distintos de vivienda: locales, oficinas, despachos e industrias.

    En el supuesto de que el arrendador sea gran tenedor (entidades públicas o titulares de más de 10 inmuebles) y a falta de un acuerdo entre las partes, el arrendatario tiene derecho a una moratoria en el pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas.

    La renta se aplaza sin intereses ni penalizaciones, empezando a pagar de modo fraccionado mes a mes durante dos años (o el tiempo que reste de contrato, si es inferior a dos años), a partir de que se supere la situación de impacto provocado por el Covid-19, y como máximo a partir de que termine el plazo máximo de 4 meses.

    Por el contrario, si el arrendador no es un “gran tenedor”, el arrendatario puede solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta.

    Las partes pueden acordar destinar la fianza al pago total o parcial de alguna mensualidad de esas rentas, y da un plazo de un año desde ese acuerdo o el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año, para reponer la cantidad de la que se halla dispuesto.

    En ambos casos, debe solicitarse esta moratoria al arrendador, en el plazo máximo del 23 de mayo.

    Pueden beneficiarse de esta medida los Autónomos afiliados a la Seguridad Social que estuvieren de alta en el momento de la declaración del estado de alarma, cuya actividad haya quedado suspendida a consecuencia de este estado de alarma y las normas que lo han desarrollado, o bien que -sin haber suspendido la actividad- acrediten una reducción de al menos el 75% en la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

    Estas circunstancias deberán acreditarse por el arrendatario mediante la presentación de la siguiente documentación:

    a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.

    b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.